Un proceso impulsado por la sociedad civil

Por Marco Antonio Villa

PARA LA NACION

Domingo 17 de abril de 2016

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SAN PABLO.- Brasil vive la crisis más grave de su historia. El gobierno perdió su legitimidad. Aunque la apertura del proceso de juicio político a Dilma Rousseff no sea aprobada, la presidenta ya no tiene forma de seguir gobernando. Perdió su respetabilidad, no tiene la confianza de los inversores, ni de los empresarios, ni de la dirigencia política. Y principalmente ya no tiene apoyo de los brasileños, horrorizados por las denuncias de corrupción.

El Partido de los Trabajadores (PT), siempre con Luiz Inacio Lula da Silva como su líder máximo, transformó la política en un mero pretexto para el enriquecimiento personal. El control de la máquina estatal sirvió para distribuir prebendas millonarias al gran empresariado.

Durante los dos gobiernos de Lula, eso fue posible debido a varias razones: la favorable coyuntura económica internacional, las reformas aplicadas durante las gestiones de Fernando Henrique Cardoso -que dieron sus frutos cuando Lula ya era presidente-, el establecimiento de una maquinaria burocrática controlada por comisarios del partido de gobierno, la compra de apoyo en medios de prensa, en el ambiente artístico, entre los seudointelectuales, y con la omisión de la oposición parlamentaria.

Pero como siempre en la historia, llega el momento de la verdad. Las finanzas públicas están devastadas, el país está paralizado -según las estimaciones más optimistas, este año el PBI caerá un 4,5%-, los desempleados ya son más de 10 millones, la inflación perforó la meta fijada, la industria tuvo una contracción histórica y, finalmente, el desánimo se apoderó del país.

La estrategia lulista para mantenerse a toda costa en el poder es buscar la confrontación, dividir al país, enfrentar a clase contra clase, región contra región, partido contra partido, brasileño contra brasileño. Aunque tenga que correr sangre. A Lula poco le importa que la crisis política profundice aún más la crisis económica y sus perversos efectos sociales. Lula quiere transformar la agonía del PT, y la suya propia, en la agonía de Brasil.

Dilma no gobierna hace meses. Se convirtió en una rehén de Lula, que se mudó a Brasilia y desde un cuarto de hotel, tras la cautelar que impidió su asunción como jefe de Gabinete, es el presidente de facto del país. Intenta desesperadamente salvar al gobierno, porque sabe que la aprobación del juicio político es una derrota principalmente suya. Hoy Lula es el político que concita más rechazo en todas las encuestas de opinión. Y en caso de que el juicio político avance, el PT debería fraccionarse. Atrás quedaron los días en que Lula hablaba y el partido obedecía: el rechazo a su liderazgo también crece en el seno de su propio partido.

Lula comandó el mayor desvío de recursos públicos de la historia del país. Según la investigación de la policía federal, el escándalo de Petrobras, conocido como petrolão, implicó la sustracción de casi 12.000 millones de dólares de la caja de la petrolera estatal. Y eso sólo de una empresa, sin contar las millonarias obras de infraestructura y las vinculadas al Mundial de fútbol de 2014. Durante los 13 años de gobierno petista, no hubo obra pública de envergadura por la que el PT no haya recibido una coima.

El largo dominio petista se vio interrumpido por la crisis internacional y por la acción de la justicia, especialmente en la operación Lava Jato, conducida por el juez federal Sergio Moro. Y el elemento decisivo que impulsó el proceso de juicio político fueron las acciones de movimientos organizados espontáneamente por la sociedad civil. Dos de esos movimientos jugaron un importante papel: Vem para Rúa y Brasil Livre . Lejos de los partidos políticos, lograron organizar las mayores manifestaciones públicas de la historia de Brasil. Señal de alguno nuevo en la ya envejecida, a pesar de ser tan joven, democracia brasileña.

El autor es historiador y sociólogo brasileño

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